Por Romina Mella y Gustavo Gorriti.- IDL Reporteros

El viernes 26 de abril pasado, Miguel Atala Herrera confesó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que actuó como testaferro del expresidente Alan García, para que este reciba un millón 300 mil dólares de Odebrecht, a través de la Banca Privada de Andorra.

Esta confesión ocurrió después de nueve días de su detención preliminar.

De acuerdo con la confesión de Miguel Atala, hacia fines del año 2007, en el contexto de una reunión “social-empresarial”, el entonces secretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava Guibert, le preguntó, a solas, si podía ser apoderado de una empresa offshore en Andorra. “Yo le dije con qué finalidad y él me dijo que era para figurar como apoderado de una empresa offshore y su respectiva cuenta, para recibir dinero. Mi pregunta a Luis Nava Guibert fue si el dinero era legal y me contestó en esa oportunidad que sí, tan es así que me indicó en ese momento que las empresas que me van a depositar son empresas que no tienen que ver con el Estado. El señor Luis Nava Guibert no me indicó en ningún momento la cantidad o montos de dinero que iban a ser depositados en dicha cuenta, me dijo que solamente era una cuenta a lo que le dije que proceda”.

Después de esa reunión, según relató Atala, lo visitó Jorge Barata, entonces superintendente de Odebrecht en el Perú. “Él se presentó a mi casa ubicada en la Avenida Santo Toribio 335, San Isidro. Entiendo que fue de parte del señor Luis Nava Guibert y me confirmó lo relativo a la proposición de Luis Nava Guibert en la reunión social que mencioné, y me dijo que se tenía que abrir una cuenta en un banco y que se tenía que hacer un depósito inicial a la cuenta de dicho banco, ese monto inicial fue de diez mil dólares. Dicha visita fue breve. Tomé nota de lo que me dijo, habiéndome indicado que se trataba de la Banca Privada de Andorra. En buena cuenta me indicó que me estaba recomendando un banco y demás información en general”.

Miguel Atala confirmó que el ejecutivo de la Banca Privada de Andorra designado para hacer los trámites de apertura de cuenta fue Francesc Xavier Pérez. “[…] La persona representante del banco que vino a conocerme fue el señor Francesc Xavier Pérez, a quien contacté o él me contactó, esto no lo recuerdo de manera exacta, indicándome que fue la empresa Odebrecht quien me había recomendado como buen cliente. Incluso para referirme como buen cliente, los de Odebrecht señalaron que como tenía empresas inmobiliarias, yo podía ser un buen cliente para el banco […] Sobre la documentación que firmé, todo el tema documental fue coordinado también con Francesc Xavier Pérez, es probable que todo se haya coordinado por correo electrónico, ya que personalmente solamente lo vi un par de veces”.

Según Atala, durante los meses restantes del 2007 hasta mediados del 2008, no escuchó más detalles sobre la offshore Ammarin Investment, que abrió en la Banca Privada de Andorra.

No fue sino hasta setiembre de 2008, según Atala, que las cosas se tornaron distintas. “Formé parte de una misión de empresarios peruanos para visitar la ciudad de Sao Paulo, concretamente a la FIESP, a fin de realizar una exposición […] es allí donde el grupo de la misión de empresarios coincidió con la misión oficial del entonces Presidente de la República, el señor Alan García Pérez […] Tal evento también contó con la visita del entonces Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos presidentes tuvieron un discurso en dicha feria. En ese contexto es que me encuentro con Luis Nava Guibert, y en un momento a solas me indicó que el dinero de la cuenta offshore de la que me había solicitado sea apoderado, tiempo atrás, era en realidad del señor Alan García Pérez, a lo que sencillamente asentí”.

“Hasta ese momento yo sabía que en dicha cuenta existía a esa fecha un monto aproximado de 1 millón 312 mil dólares americanos, y también ya conocía qué empresas habían realizado dicho depósito, ya que en diversas ocasiones pude verificar los estados de dicha cuenta, habiendo advertido hasta ese entonces que existían unas cinco o seis entradas de dinero a esa cuenta, por el monto aproximado que acabo de indicar (…)”.

Atala precisó que “inicialmente cuando Luis Nava Guibert me pide que sea apoderado de una cuenta offshore en la Banca Privada de Andorra, en el año 2007, acepté de buena fe porque Luis Nava Guibert y yo teníamos una buena relación desde aproximadamente el año 2001, a quien conocí por medio de un amigo de juventud llamado Óscar Morales, no recuerdo su otro apellido, pero fue un abogado laboralista del sindicato de nuestra fábrica familiar, que en ese entonces se llamaba CITSA; motivo por el cual confiaba en la honestidad de Luis Nava”.

“En ese sentido, en un primer momento me imaginé que me estaba pidiendo ese favor de ser apoderado de una cuenta porque quería recibir dinero de pagos de consultorías y que no querían que figuren formalmente como su ingreso propio.Como ya lo indiqué, es recién en el año 2008 que tomo conocimiento que el beneficiario real del dinero era el señor Alan García Pérez por referencia del mismo Luis Nava Guibert […]”.

Leer aquí el artículo completo:
https://idl-reporteros.pe/la-confesion-de-miguel-atala/

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La Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia resolvió declarar culpable al exjuez Gino Valdivia Sorrentino del delito de cohecho pasivo específico y condenarlo a nueve años de pena privativa de la libertad.

El despacho, conformado por los jueces superiores Fernán Fernández, Armando Coaguila y Paola Venegas, convocó a audiencia solo para comunicar el fallo. La lectura integral de la sentencia será el viernes 10 de mayo a las 09 horas.

Como se recuerda, Gino Valdivia fue intervenido el 10 de mayo del 2018. Se le detuvo en su despacho, en el módulo de justicia de Mariano Melgar, antes de cobrar un adelanto de cuatro mil soles para liberar a una procesada por parricidio. El cobro total pactado sería de 12 mil soles.

Es culpable

El presidente de la Sala Fernán Fernández concluyó que Gino Valdivia es responsable del delito y actuó en complicidad con la abogada Lily Huanqui. Esto está probado por las comunicaciones telefónicas que sostuvieron ambos personajes antes y durante el día de la detención.

Además, señalaron que el abogado Marco Luque Chaiña colaboró con la solicitud de dinero a la familia de Angélica Cauna. Fue él quien se encargó de hacer el pedido a los hermanos Yolanda, Carmen y Carlos Cauna. Asimismo, rechazaron la hipótesis de una posible amenaza de los fiscales contra los detenidos, tal como argumentó la defensa de los acusados.

Adiós a la Magistratura

El tribunal dispuso la inhabilitación para el ejercicio de Magistratura al juez Gino Valdivia. También le impuso pagar una reparación civil de 80 mil soles en favor del Estado y una multa de 421 días, equivalente a 80 mil soles.

En esa misma línea, se dictó una condena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva contra el abogado Marco Antonio Luque Chaiña. Se le halló culpable de delito de cohecho activo específico al solicitar la suma de dinero a la familia de Angélica Cauna. También se ordenó su inhabilitación por el mismo periodo y el retiro de cualquier distinción profesional.

Por último, se le ordenó pagar 16 mil soles como reparación civil. Mientras que los otros coimputados, los hermanos Cauna y Bernandina Castro, tendrán que pagar mil soles, cada uno, como indenmización.

Durante el tiempo que duró la lectura del fallo, el exmagistrado Gino Valdivia se mantuvo en silencio y nervioso. Intercambió unas palabras con su abogado Saúl Vásquez, antes de ser retornado a la carceleta. Al final de la diligencia, Vásquez dijo que apelará la decisión de la sala. Cabe precisar que a esta diligencia, no acudió el sentenciado Marco Luque Chaiña.

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Tras las revelaciones que pusieron al descubierto el cobro de cupos en la Gerencia Regional de Transportes, aparecen más evidencias del ilícito. Testigos y colaboradores han señalado cómo se hacía la entrega de elevadas sumas de dinero a la organización conocida como Los Correcaminos del Sur. Los presuntos cabecillas, José Gamarra, exgerente de Transportes, y Juan Bermejo, exasesor de Yamila Osorio, recibían cuantiosas cantidades, cada mes, de la mano de sus funcionarios, según lo han relatado.

Como ya es conocido, en esta historia no solo participaron empleados de la Gerencia de Transportes sino también personas de fuera. Una de ellas tenía estrecha relación con Juan Bermejo y colaboró desde un inicio con la organización. Se trata de Alejandro Martínez Mollesaca, conocido bajo el apelativo de “Molle”. Él se encuentra comprendido en el proceso como uno de los integrantes de la red. Según su declaración ante la fiscalía, hizo entrega de dinero, en sobre manila, a Bermejo, en distintas ocasiones y diferentes lugares.

El Búho tuvo acceso a una de sus declaraciones en la que relata cómo llegó a formar parte de Los Correcaminos del Sur. Además, las entregas de sobornos a Bermejo y la identificación que hace del resto de la organización.

«Quería mi apoyo»

Según Alejandro Martínez Mollesaca, hoy bajo comparecencia, su acercamiento con el exasesor se dio en el mes de abril de 2017. Pero ¿quién es Alejandro Martínez? Fue uno de los hombres que colaboró activamente en la campaña de la exgobernadora Yamila Osorio, en el 2014.

Tenía un estrecho vínculo con Juan Bermejo y José Gamarra, incluso, sostiene que fue él quien propuso a José Gamarra como gerente de Transportes. Dentro de la organización criminal, cumplía el rol de captar a los transportistas y luego inducirlos a pagar las coimas para dejarlos circular u operar terminales. Su participación se habría dado desde el 2016 hasta el 2017. Inicialmente laboró con el exgerente José Gamarra, pero luego estrechó vínculos con Juan Bermejo, a partir de 2017.

De acuerdo a su testimonio, entre mediados de abril de 2017, fue interceptado por la persona conocida como Tin Valencia, quien le dijo que Juan Bermejo quería hablar con él. La cita se concretó, entre la quincena y finales de abril, en la propia oficina del exasesor, en el cuarto piso del edificio del Gobierno Regional, asegura. En la conversación, Bermejo le comunica su deseo de controlar la Gerencia de Transportes y para ello le pide que lo apoye.

“Él me dice que para hacer las cosas bien voy a convocar a un concurso CAS para poner a los inspectores. Él quería que yo vea el transporte por el lado de la sierra y por el lado de la costa y quería que vea el promedio de minivans que transitaban por esos lados”, relata.

En el siguiente encuentro, el imputado se reúne con Bermejo, José Gamarra, gerente de Transportes en ese entonces, y Christian Motta, subgerente de Transportes. En esa reunión acuerdan la contratación del jefe de inspectores y se calcula los pagos de soborno. Se estableció que cada minivans debía entregar a los intermediarios, entre 200 y 250 soles.

Pagos directos

Martínez Mollesaca señaló que en ese mismo mes le hace entrega de los primeros cobros.  En la primera ocasión, le dio directamente 10 mil soles para brindar un permiso de incremento de flota a la empresa Caminos del Inca, de Marco Antonio Quispe Zapana. Esto, para que el subgerente de Transportes de turno, Hugo Herrera, emitiera la resolución a favor de la empresa.

La siguiente entrega de dinero fue el 5 de julio de 2017. Martínez Mollesaca le llevó a su oficina el dinero que había solicitado al señor ‘Adan’, de la empresa Camana Uno, cuya ruta era Arequipa – Camaná.  El acuerdo era pagar 300 soles por cada carro. Martínez Mollesaca señala que continuó haciendo el cobro por los siguientes 3 o 4 meses. Asimismo, le cobró a esta misma persona la suma de mil 900 soles por autorizar la circulación de autos piratas que cubrían la ruta Arequipa – Mollendo. Eran 100 soles por cada unidad. La entrega de dinero la hacía en un hotel ubicado frente al hospital IREN Sur. En cada pago, él se quedaba con un 30% del dinero y el 70% era para Bermejo.

Otra empresa a la que también realizó cobros fue PERU Bus, de Javier Chara y su esposa Lucelia Flores. La pareja buscaba incrementar su flota así que termina entregando 2 mil 500 soles, desde abril hasta julio de 2017. Esa fue una de las últimas veces que colaboró con la organización. “Juan Bermejo me dijo hasta acá nomás y ya no me contestaban el celular, no me llamaban”.

El exasesor Juan Bermejo, días antes de dictarse su prisión preventiva, negó tener vinculación con Martínez. Señaló que dio esa versión en venganza porque antes le pidió ayuda para seguir laborando en el hospital de Majes. Martínez Mollesaca es uno de los personajes claves en este caso, pero su testimonio sigue siendo materia de corroboración. Entretanto, él permanecerá bajo comparecencia restringida, hasta que concluya el proceso.

Ratifican a fiscal anticorrupción

La Fiscalía de la Nación ha ratificado este lunes que la fiscal anticorrupción Marita Cueva tiene competencia sobre el caso. Por lo tanto, el proceso no retornará al despacho de la fiscal anticrimen Alejandra Cárdenas, quien inició la investigación.

Asimismo, el Poder Judicial ha validado la competencia de la magistrada. Apoya su pedido de no levantar la incautación de bienes hecha contra el imputado Gabriel Almonte Concha.

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Desde que entró en operación la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) La Enlozada, en 2016, Cerro Verde usa gratuitamente parte del volumen de agua tratada. Según está establecido en el Convenio Marco suscrito entre Sedapar y la empresa minera, Cerro Verde puede captar un metro cúbico de agua tratada para el funcionamiento de su planta procesadora de cobre, pero debía pagar por ello. Luego, a través de convenios suscritos en forma reservada, se convino que no pagaría por el agua, hasta que exista una norma legal que ampare el acuerdo y ahora se pretende extender este beneficio por 27 años más, a cambio de que la minera se haga cargo de los gastos de operación de la planta. Tres años después de este acuerdo, y ante las protestas de un sector, ambas partes se han sentado a negociar un nuevo convenio específico, el número 8.

El contexto de esta negociación es que, además de existir ya normas específicas que permiten el cobro por el agua tratada, el año pasado se cumplió el plazo para que la empresa minera entregue el control de la planta a Sedapar. Sedapar y Cerro Verde, ya habían acordado canjear el pago del agua, por la operación de la planta, debido a que -según dice la EPS- no está en capacidad de hacerse cargo de La Enlozada. Pero hay voces disidentes que creen que el trato es altamente desfavorable para los intereses de Arequipa.

Los alcaldes provinciales que integran la Junta de Accionistas de Sedapar, han decidido intervenir en la discusión. Aunque el tema se viene tratando desde 2013, se han mostrado ahora en desacuerdo con que Cerro Verde siga utilizando el agua residual tratada sin pagar un sol al Estado. El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, aún cuando fue parte y llegó a presidir la anterior Junta de Accionistas, en su condición de alcalde de Alto Selva Alegre, ha pedido ahora que se estructure una tarifa de costos. Aunque desde 2015 Candia se manifestaba porque la minera pague, todo no pasó de manifestaciones en los medios, sin acción concreta como correlato. Igual ocurrió con Alfredo Zegarra que un día declaraba enfático contra Cerro Verde y luego se sumía en un largo silencio.

La Junta de accionistas (ahora integrada solo por alcaldes provinciales), tiene previsto una reunión con el directorio de Sedapar el próximo viernes 17 de mayo, antes de que se cierre la negociación. Así lo acordaron en la mesa de trabajo que convocó el congresista Horario Zeballos el pasado viernes. Al encuentro no acudió ningún representante de Cerro Verde. Previamente, enviaron una comunicación al congresista señalando la imposibilidad de pagar por el agua y, al mismo tiempo, hacerse cargo de la operación de La Enlozada.

Sedapar a favor de gratuidad

Aunque resulte paradójico, Sedapar no quiere cobrar. Su interés es que Cerro Verde siga administrando la PTAR La Enlozada, porque -argumenta- no tener capacidad económica para hacerlo. La empresa cuprífera costea la operación y el mantenimiento de la planta, el sistema de bombeo y de las líneas afluentes y efluentes. Mientras que la empresa de saneamiento cubre la operación de los emisores y colectores, además del recojo y traslado de los lodos. Según Sedapar, asumir el costo total de la planta no le resultaría rentable y el sobrecosto tendría que ser asumido por la población, vía tarifas. En este análisis, sin embargo, no considera la posibilidad de cobrar por el agua tratada y, con ese ingreso, financiar la operación de la planta. Dada la escasez del recurso hídrico, es altamente probable que, no solo cubra los gastos de operación, sino que -además- le queden significativas utilidades.

Previamente, se argumentó que no había marco regulatorio para cobrar por agua residual. Por eso, en el 2012, suscribió con la minera el quinto convenio específico, dentro del convenio marco que regula toda esta operación. En él se establece que Cerro Verde asumirá la operación de la PTAR hasta que exista un marco legal que faculte la comercialización del agua residual. La norma recién se aprueba en el 2017, bajo el DL 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Hoy que ya existe el marco regulatorio, Sedapar arguye que aún no existe una tarifa que establezca el valor del metro cúbico de agua residual. Y según el convenio, Sedapar y Cerro Verde tendrían que ponerse de acuerdo sobre el costo del recurso. Por ello, el cuerpo directivo de Sedapar decidió, a inicios de este año, no cobrar por el agua y entregar la administración y operación de La Enlozada a Cerro Verde, por 27 años más. Esto es, hasta el fin de su vida útil.

Hay que anotar que la planta fue construida por Cerro Verde, con una vida útil igual a la de la operación minera. Es decir que, luego de 30 años de ser usada, no operará más. Además, La Enlozada está ubicada dentro de la concesión minera. Ambas partes aseguran que la minera solo toma un metro cuadrado del agua tratada y el restante es devuelto al cauce del río.

Convenio bajo la mira

Al respecto, el congresista Horario Zeballos advirtió que mantener esta postura pretende beneficiar a la minera, puesto que hasta que no exista un acuerdo no se podría hacer ningún cobro. Además, señala, tratándose de un recurso que ellos administran, la tarifa debe ser fijada por Sedapar y no ser de mutuo acuerdo.

El legislador ha anunciado que promoverá la formación de una comisión en el Congreso para investigar los 7 convenios específicos que hasta ahora ha suscrito Sedapar con Cerro Verde. Presume que hubo favorecimiento a la minera y corrupción de los funcionarios que permitieron esta situación.

Omar Candia, alcalde provincial de Arequipa y accionista mayoritario, se ha sumado a la postura de exigir un pago. De igual manera se ha manifestado el alcalde de Caravelí y presidente actual de la junta de accionistas, Diego Montesinos. Por eso, en la reunión del día 17, pedirán explicaciones sobre el acuerdo que está a punto de cerrarse entre el directorio y gerencia de Sedapar con la empresa minera.

Otro congresista que se ha manifestado en este sentido es Justiniano Apaza, quien pide que la Junta de Accionistas acuerde de inmediato el cobro del agua tratada a Cerro Verde.

Así las cosas, la pregunta es si estas manifestaciones se mantendrán hasta lograr un acuerdo razonable entre Sedapar y la minera. O, como en otras ocasiones, luego de un tiempo y acuerdos bilaterales entre municipios y minera, los alcaldes terminen abandonando sus posturas. Entre tanto, el agua se convierte, cada vez más, en un recurso más escaso y estratégico.

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El Plan Urbano de la ciudad sufrió importantes modificaciones después que fue aprobada por la gestión del exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada. Este instrumento, además de orientar el crecimiento urbano, debía contribuir a la preservación de la campiña arequipeña. Sin embargo, fue usado para extender el suelo urbano, reduciendo el área agrícola, en función a intereses de grupos empresariales y religiosos. De esta manera, por ejemplo, cientos de hectáreas de campiña, pertenecientes al Sodalicio y otros grupos religiosos, cambiaron de uso y dieron lugar a la construcción de cementerios. La Fiscalía del Medio Ambiente ha denunciado la maniobra.

La belleza natural de la campiña arequipeña fue uno de los factores que determinaron el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, para la ciudad. Pertenecer a esta privilegiada lista de ciudades patrimonio involucraba proteger las áreas agrícolas y evitar el deterioro ambiental. Pero eso no ocurrió en los últimos años.

Por el contrario, la gestión municipal anterior permitió que sean urbanizados los pulmones de la ciudad, utilizando como instrumento legal el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2016-2025, cuyo objetivo era precisamente lo opuesto.

De esta manera, se incorporaron áreas agrícolas al suelo urbano, sin sustento. Y se reconocieron habilitaciones informales e ilegales.

Entre los casos más relevantes, está el otorgamiento de esta calificación a tres cementerios, propiedad del Sodalicio. Se hizo gracias a autorizaciones emitidas, entre 2015 y 2016, por el Instituto Municipal de Planeamiento. Una investigación de la Fiscalía del Medio Ambiente identificó que terrenos zonificados como agrícolas pasaran a ser habilitados como urbano, por medio de solicitudes de cambio de uso.

El cementerio del Sodalicio

Una de las instituciones del Sodalicio de Vida Cristiana logró conseguir que su predio rústico, ubicado en Socabaya, pase a ser urbanizado. La Asociación Civil San Juan Bautista, representado por Carlos Rodríguez Rivera, tramitó en el 2016 los expedientes N° 71786 y 75930 solicitando se restablezca la zonificación de dos predios: la finca rústica Pasto Grande y el terreno denominado Media Luna, ubicado en Acequia Baja, valle Chili. La primera contaba con una extensión de 15.6093 hectáreas (ha), mientras que la segunda estaba constituida por un área de 1.4000 ha.

La Asociación Civil San Juan Bautista argumentó que los predios poseían la zonificación de uso especial (UO) 1. Esto significaba, según el reglamento de zonificación del plan urbano, que ambos predios eran áreas urbanas destinadas a convertirse en centros cívicos, establecimientos institucionales o religiosos. Sin embargo, no figuraban de esa manera en el PDM del 2016 ni tampoco en el PDM del 2002; por el contrario, estaban considerados como zona agrícola. Ante la contradicción, la asociación pidió al IMPLA que subsane el error. Y el IMPLA lo hizo a través de la Resolución Gerencial Nº 007-2016-MPA/, emitida el 29 de setiembre del 2016. Aquí se establece que hubo un error material y se declaró la compatibilidad entre la zona agrícola y la de uso especial.

“Las modificaciones aprobadas en el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) no respetaron la conservación de los sectores agrícolas y predominó la expansión urbana. El instrumento fue usado, más bien, para un fin contrario al que tenía como encargo”

De esta manera, más de 170 mil metros cuadrados pasaron a ser urbanizados. Lo que siguió fue la construcción de su cementerio de tipo ecológico, denominado Parque del Recuerdo. En este gran complejo, la asociación ofrece servicios de sepultura y de sepelio.

Según la acusación de la fiscal Carolina Cáceres, los funcionarios del IMPLA infringieron el reglamento y autorizaron la construcción de un cementerio cuando no era de su competencia, sino del Ministerio de Salud. Además, de manera irregular, adecuaron una zona agrícola a una de uso especial, sin estar reglamentado en el PDM vigente.

Consultado sobre el caso, el exgerente del IMPLA, Francisco Ampuero, negó que se haya infringido la norma y aseguró que la entidad buscó restituir los derechos que tenían los propietarios. A su vez, indicó que las aprobaciones se dieron “bajo un sustento técnico y legal”.

Autorizaciones a grupos empresariales

La Municipalidad Provincial de Arequipa también concedió autorizaciones que permitieron cambiar el uso de las tierras agrícolas para servir como camposanto, de la cual se favorecieron empresas privadas.

Por ejemplo, el terreno rústico ubicado en la Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores (AMPACA), sección E, bajo Cural, en Cayma, pasó a ser urbanizado. De acuerdo a la Sunarp, el propietario del predio es la Inmobiliaria Esperanza Real S.A. Su representante, Fernando Gonzales Toro, solicitó que el predio sea considerado para cementerio, en el 2016. En el Plan Urbano vigente hasta el 2025, el área estaba zonificado como agrícola (ZA).  

El IMPLA aprobó la ejecución de obras para cementerio, previo informe legal del asesor Nirvando Cárdenas. De esta manera se emite Resolución Gerencial Nº 014-2016-MPA/IMPLA-GG, de fecha 09 de noviembre del 2016 aprobando el cambio de uso.

El procedimiento se repite con el terreno denominado Pampas del Cural, AMPACA, en Tiabaya. Según registros públicos la propiedad le pertenece a la aseguradora Mafpre Perú, filial de la multinacional española. La firma, representada por Fernando Cárdenas Tenorio, solicitó cambiar la zonificación del terreno mediante expediente administrativo Nº 21077-2016. Esta  área estuvo calificada netamente en el PDM del 2016 como zona agrícola (ZA).

En este acto interviene nuevamente el asesor legal del IMPLA, Nirvardo Cárdenas, quien no encuentra impedimento legal y da viabilidad al pedido. Finalmente, el entonces gerente del IMPLA, Luis Ampuero, aprueba su construcción. La autorización queda registrada en la resolución gerencial Nº 006-2016-MPA/IMPLA, emitida el 29 de setiembre de 2016.

La fiscalía ha concluido que se ha dado lugar a la utilización indebida de tierras agrícolas, cambiando de zonificación de predios en estas dos áreas agrícolas que no estaban previstas en el PDM 2016-2025. Además, en los expedientes no existe un informe técnico ni información que sustente el pronunciamiento y autorización expedidos por el IMPLA y autorizan la construcción de obras de cementerio cuando tampoco es de su competencia.

Proceso legal en marcha

En febrero último, el Poder Judicial determinó que el exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, ocho regidores y tres funcionarios del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), promovieron la depredación de la campiña arequipeña, utilizando como instrumento el Plan Urbano que ellos mismos aprobaron. Los primeros casos que se pusieron en evidencia fue lo ocurrido con la cuenca urbana del río Chili y las andenerías de Carmen alto y Tocrahuasi, en Cayma, donde se permitió la edificación del puente Chilina y la construcción de un templo mormón, pese a calificar como zona no urbanizable ni edificable. Todos ellos fueron condenados a 4 años de pena privativa de la libertad.

La fiscal de Medio Ambiente, Carolina Cáceres, también ha procedido de la misma forma y ha denunciado por otorgamiento ilegal de derechos a quienes autorizaron el cambio de uso de la campiña. La acusación es contra Francisco Ampuero Bejarano, exgerente del IMPLA, y el asesor legal, Nirvando Cárdenas Valdez, por permitir la construcción de estos tres cementerios y aprobar cambios de uso en otros 15 expedientes, para fines comerciales y de vivienda. La Fiscalía demandó que los involucrados paguen por su conducta con una pena de hasta 14 años de cárcel, además de una indemnización de 49 mil y 42 mil correspondiente a cada uno.

Ante la denuncia, el exfuncionario señala que la fiscal tiene un “error de apreciación”. Lo cierto, es que en los últimos años el área verde por habitante que posee Arequipa (5.2 m2/hab.) se encuentra muy por debajo de los parámetros establecidos por la OMS (8 y 12 m2/hab.) y con estos cambios otorgados la campiña corre el destino de desaparecer.

PD. La versión gráfica de este reportaje ha sido publicado en la Edición N°66 de El Búho, la Revista, formato impreso.

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La Contraloría General de la República determinó que, más de la tercera parte de los funcionarios de confianza que auditaron, no cumplen con el perfil para el cargo. Se detectó que los gerentes designados, en su gran mayoría, carecen de experiencia. O, en su defecto, no tienen la formación profesional afín al puesto.

El órgano de control supervisó 24 entidades entre gobierno regional, municipios provinciales y distritales. Se evaluó el legajo de 341 funcionarios que ocupan puestos de confianza. El examen arrojó que 126 profesionales no cumplían los requisitos fijados en el Manual de Organización y Funciones (MOF).

“Hay opinión de Servir que establece lo que significa el (término) afín, incluso se remite a las mallas curriculares y el objetivo que cumple».

Jefe REgional de la Contraloría en Arequipa, Alberto Arteaga.

Los informes de la Contraloría fueron notificados a las autoridades para que adopten las medidas correctivas. Alberto Arteaga manifestó que las autoridades tienen 20 días hábiles para informar cómo levantarán estos riesgos.

Gerentes del GRA incumplen perfil

La Contraloría evaluó el legajo de los funcionarios del gobernador Elmer Cáceres Llica y concluyó que 13 de ellos incumplen la normativa. La lista la encabeza el gerente general Gregorio Palma Figueroa, a quien se le detectó que no contaba con un título universitario en la especialidad requerida. Además, se determinó que los gerentes de Educación, Trabajo y Vivienda carecen de experiencia en el cargo.

En general, Cáceres Llica puso a funcionarios sin experiencia en el sector público. Ese fue el caso del subgerente de Ejecución de Proyectos de Inversión, Javier Humberto Quispe Mamani, quien acreditó haber laborado solo un mes en el sector público.

También se cuestionó el nombramiento del médico veterinario Donar Eduardo Luna Quiroz como gerente de Comercio Exterior y Turismo. Según el MOF, el cargo debe ser cubierto por un economista, ingeniero industrial y/o comercial, o administrador de empresas.

De igual modo, se observó la designación de Celina del Carpio en el cargo de gerente de Desarrollo Social. La funcionaria solo presentó un diploma de honor emitido por el municipio de JLB y Rivero, por representar a la Mujer en Beijing, China. La entidad recordó que el gerente de Transportes, Grover Delgado tampoco reúne los requisitos de su cargo.

Tratamos dialogar con alguno de los funcionarios sobre el informe de la Contraloría, pero no hubo respuesta alguna.

Municipios en las mismas

Hallazgos de similar índole se repitieron en los municipios. Por ejemplo, en Cerro Colorado, el alcalde Benigno Cornejo nombró a 24 funcionarios sin tener los requisitos mínimos. La gran mayoría no contaba con la experiencia requerida o no acreditaba formación específica relacionada con el cargo.

En respuesta, la comuna cerreña informó que ha cumplido con levantar las observaciones. Señalaron que los funcionarios han actualizado la información solicitada para complementar el legajo personal. Asimismo, otros funcionarios serían personal de carrera, cuya experiencia vienen acreditando.

Otros municipios que también fueron objeto de cuestionamiento por la contratación de personal sin cumplir las condiciones fueron JLB y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Alto Selva Alegre. También Paucarpata, Hunter y Cayma.

En relación a los municipios provinciales, la de Arequipa nombró a 21 funcionarios sin cumplir los requisitos. Tampoco son ajenos los municipios de Islay, Camaná, Condesuyos, Castilla, Caylloma, La Unión, donde se identificó a gerentes que incumplían el MOF.

Alberto Arteaga recalcó que los funcionarios que reúnen las condiciones podrán cumplir mejor su trabajo, tomar mejores decisiones y utilizar adecuadamente los recursos. En ese sentido, manifestó que continuarán con las acciones de control en el resto de municipios como parte de su campaña de control.

El MOF no puede ser modificado

Alberto Arteaga señaló que la contratación de personal debe ser acorde al MOF aprobado por cada institución. Este instrumento normativo establece los requisitos mínimos que debe cumplir un funcionario antes que ocupe un cargo.

No obstante, en el caso de la Municipalidad Provincial de Arequipa, la anterior gestión aprobó en el 2016 una ordenanza modificando el MOF. Esto permitió flexibilizar los requisitos para la contratación de personal de confianza, en adelante. El alcalde Omar Candia, aplicó esta misma norma para contratar a personal que no tenía afinidad con el puesto encargado. Al menos 21 personas ingresaron a laborar sin cumplir el perfil exigido.

Arteaga manifiesta que Servir, a partir del 2014, no permite modificar el MOF en los municipios. Aunque, en el caso de la comuna provincial, no se ha establecido si es válida o no dicha norma. Además, porque la Contraloría cotejó el legajo de los funcionarios con el anterior MOF del 2014, que aún está vigente.

Relación de funcionarios observados

GOBIERNO REGIONAL

1. Gregorio Urbano Palma Figueroa
2. Ivonne Erika Flores Quispe
3. Eddy Víctor Cayo Álvarez
4. Edi Rolando Ocharán Jiménez
5. Javier Humberto Quispe Mamani
6. Guillermo Hans Valcárcel Valdivia
7. Celina Justina del Carpio Vázquez
8. Ruth Orfelina Magnolia Granda
9. Javier Pablo Espinoza Escudero
10. Lilian Fanny Amable Andía

MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA

1. José Luis Narro Ortiz
2. Juan Carlos Callacondo Velarde
3. Eleanora Romy Gálvez Arce
4. Nilo Cruz Cuentas
5. Ángel Coila Pacosonco
6. Francisco Málaga Palao
7. Richar Cáceres Huanca
8. Luis Javier Cruz Anco
9. Tomás Huampa Panti
10. Milton Núñez Tapia
11. Ricardo Grundy López
12. Nancy Chávez Acero
13. Ysmael Ortiz Flores
14. René Feijoo Chambi
15. Juan Zúñiga Rodríguez
16. Rosa María Osorio Tito
17. Rosalía Villafuerte Coaguila
18. Yvonne Leiva Roca
19. Renzo Paredes Luque
20. Harold Nina Berrios
21. Augusto Santillana Tito

MUNICIPALIDAD DE BUSTAMANTE y RIVERO

1. Juan Andrés Amado Cerpa
2. Moisés Pedro Valdez Cabrera
3. Giuliana Huarachi Soto
4. Gustavo Gómez Granda
5. Giovana Mena Martínez
6. Luis Rufino Delgado Clavijo
7. Jorge Luis Núñez Zeballos
8. Jacqueline Ruth Esquivel Infantes
9. Juan José Llerena Sierra
10. Miguel Ángel Pacheco Quico
11. Elsa Elena Acosta Vargas
12. Manuel Humanvilca Huarca

MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO

1. Roberto Carlos Yáñez Valenzuela
2. Augusto Richar García Bernal
3. Argelio Ángel Córdova Espezúa
4. Noé Enrique Cáceres Medina
5. Walter Alberto Palacios Valdivia
6. Jim David Cornejo Cáceres
7. Ricardo Dieter Huallpa Chuctaya
8. Ronald Jihuallanca Aquenta
9. Asunción Flores Soto
10. Luis Solorio Olivera
11. Rocío Chinchayán Rodríguez
12. Juan José Pineda Ávalos
13. Alfred Romero Calla
14. Max Gorki Sánchez Huallanco
15. Gregorio Delfín García Rodríguez
16. Luisa María Yufra
17. Eleana Zapata Flores
18. Víctor Calderón Molina
19. Eduardo Arrayán Medina
20. Bernardo Arcadio Tolentino Mendoza
21. Stalin Ayhoniz Bustamante
22. Gilmer Germán Tejada Medina
23. Luis Alberto Gómez Zeballos
24. Wilbert Ríos Minaya

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El viaje de Omar Candia a la República Popular China recobró relevancia estos días. Los regidores de mayoría “blindaron” al alcalde de Arequipa ante un pedido de informe sobre su viaje a Chengdu, a un evento cancelado antes de su partida.

En su defensa, el edil declaró que no está obligado por ley a rendir cuentas de sus viajes ante los regidores. Asimismo, sostuvo que no se pudo comunicar durante el viaje a China porque no tuvo acceso normal a plataformas de comunicación.

Ante la polémica desatada por esta aludida falta de comunicación El Búho consultó con residentes en China que confirmaron parcialmente esta versión:

“No es que no haya comunicación o haya aislamiento (en China). En realidad, no hay ni Facebook ni WhatsApp. (…) La diferencia de horarios son doce horas, acá es de día y allá es de noche. Eso implica poco tener problemas de comunicación. Los dos días de viaje son complicados. De acá te vas a Lima y no hay ningún problema. Desde Lima te vas a Estados Unidos. De Estados Unidos te vas a Shanghai. Y desde Shanghai te vas a Chengdu.

La travesía

En efecto, pudimos comprobar que la travesía de Candia a China lo llevó por las ciudades de Lima, Dallas, Shanghai y Chengdu, su destino final. Allí debía participar del Foro de Alcaldes promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo. No obstante, el evento se canceló el 22 de marzo debido a que el gobierno chino prohibió la participación de un representante del venezolano Juan Guaidó.

El alcalde no se comunicó desde el viernes, un día antes de su viaje a Lima. Casi una semana después, se supo en Arequipa que el evento al que viajó el alcalde había sido cancelado. Los funcionarios municipales no lo sabían. A su llegada al Perú, el viernes 29, Candia dijo que se enteró muy tarde de la cancelación del evento, pero que igualmente cumplió una agenda en provecho de la ciudad. Mostró fotos de reuniones con empresarios chinos. Y respecto a su silencio, dijo:

“Ósea en el viaje no te vas a comunicar, dos días de viaje donde no hay comunicación. Porque lo correcto es apagar tu teléfono hasta llegar al lugar. Son factores que uno tiene que tomar en consideración. Yo apenas llegué a Lima he dado la información del caso. Es más, he colgado en mi Facebook personal, en el fanpage de la Municipalidad”.

Según fuentes de la Municipalidad de Arequipa, el alcalde partió a Lima el 23 de marzo a las 18:15 horas. Fue en la capital donde se enteró de la suspensión del evento del BID, antes de tomar su próximo vuelo. La salida quedó programada para las 23:45 horas del mismo día, con destino a Dallas, en Estados Unidos.

Arribó al Dallas Forth Worth International Airport, a las 07:20 horas del 24 de marzo. Permaneció en el terminal por poco más de cuatro horas, antes de embarcarse con rumbo a Shanghai a las 11:45 horas. Llegó a suelo chino a las 16:10 horas del 25 de marzo, para embarcarse a Chengdu a las 19:55 horas. El burgomaestre llegó a su destino final a las 23:30 horas del 25 de marzo.

Comunicaciones

Si bien varias fuentes en China confirman que existe un bloqueo del gobierno chino a las principales plataformas de comunicación y redes sociales de occidente, tampoco es verdad que haya aislamiento.

El acceso a las plataformas más populares como WhatsApp, Facebook, Google y Twitter está prohibido a sus ciudadanos. Su uso solo es posible mediante una VPN: red privada virtual. Se trata de la única tecnología que permite evadir la censura. Su uso es posible previo pago del servicio. Empero, algunos hoteles de China proveen acceso a la red a sus huéspedes.

Asumiendo que, igualmente, Candia no pudo comunicarse desde China, tal como él mismo indicó, supo de la suspensión del evento horas antes de tomar su vuelo. Aún en suelo patrio, dispuso de facilidades para avisar de la situación a sus asesores y funcionarios municipales. Pero no lo hizo, según admitió él mismo.

En su primera escala también es posible la comunicación. El aeropuerto Dallas Forth Worth ofrece conexión WiFi gratuita para sus usuarios. El único requisito es proporcionar una dirección de correo electrónico, que se consigna al momento de enlazarse a la señal abierta, de acuerdo a su página web.

El alcalde Candia, al no dar un informe, no ha explicado esta falta de comunicación. Por su parte, el regidor Jorge Condori consideró la versión edil poco creíble. En su experiencia como funcionario nacional, indicó que es normal que se mantengan comunicaciones durante viajes internacionales. “No hay ninguna justificación (a su silencio)”, dijo. Finalmente, sostuvo que su negativa a informar públicamente sobre estos hechos, atenta contra su imagen y la transparencia.

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En un episodio sin precedentes, un grupo de médicos organizó una pollada para comprar instrumental para el Hospital Goyeneche, el segundo en importancia en la ciudad. Una medida desesperada para aliviar, en algo, la crisis que se vive en los dos principales centros de salud de Arequipa.

Los hospitales de Arequipa se caen a pedazos. No es una exageración o una afirmación alarmista. Tanto en infraestructura, mobiliario como instrumental, el Goyeneche y el Honorio Delgado llevan a cuestas décadas de descuido, mantenimiento negligente e indiferencia de las autoridades.

La percepción de crisis en el sector salud pasó de un temor esporádico a una desesperanza constante. No importa si se es paciente o no, el grueso de la población arequipeña asocia a estos nosocomios con ambientes antiguos y equipamiento precario. Una normalización de la ruina que caló en la mentalidad local desde inicios de siglo.

No es que se sobredimensionen fallas puntuales. La problemática de ambos hospitales es transversal. Desde los centros quirúrgicos hasta las calderas de desinfección de sábanas y batas. Condiciones que propiciaron hasta seis declaratorias de emergencia, que sirvieron de muy poco.

La desesperación en torno a los nosocomios no solo afecta a pacientes y sus familiares. Varios médicos y trabajadores administrativos expresaron su preocupación por la realidad en los hospitales. En su descontento, organizaron una pollada pro fondos del Hospital Goyeneche. Las tres mil porciones que esperaban vender se acabaron alrededor del mediodía y tuvieron que gestionar 400 más. Estiman que recaudaron alrededor de 20 mil soles, con lo que comprarán electrobisturís y aspiradores de fluidos.

El gesto contrasta con el aparente letargo en el aparato estatal. No solo de la actual gestión regional y de su predecesora, sino de quienes estuvieron involucrados en el sector Salud en los últimos 20 años. El resultado de indiferencia e incapacidad se refleja en el diagnostico a ambos centros médicos, que arroja una condición de terror.

De tripas corazón

A fines de marzo, la Unidad Funcional de Infraestructura elaboró un informe de asistencia técnica a los hospitales Goyeneche y Honorio Delgado. En un documento de 34 páginas, detalla las condiciones en que operan estos centros, señala sus falencias y propone medidas para solucionar sus no pocas falencias.

El Honorio Delgado, el principal nosocomio de la macro región sur, lleva a cuestas 58 años de funcionamiento y una capacidad de hospitalización estimada en 700 camas. Es categorizado en el nivel III-1, el más elevado para establecimientos de salud de atención general.

Sin embargo, su equipamiento no es el propio de un hospital de su categoría. En el Centro Quirúrgico, la mayoría del equipamiento ha cumplido su vida útil. Ante la falta de recambios, se les mantiene en funcionamiento a base de mantenimiento correctivo, que les permite algunos años más de vida. Igualmente ocurre en las áreas de Emergencia y Hemodiálisis con ventiladores, aspiradores de secreciones y dializadores a los que se exprime el mayor tiempo de funcionamiento posible.

Las salas de operaciones tampoco trabajan con regularidad. En Ginecología, Obstetricia, Cirugía General y Especializada, además de la Unidad de Quemados, se trabaja con equipo defectuoso o malogrado. De nueve mesas de operaciones, seis funcionan aunque con deficiencias, y otras tres están inoperativas. Equipos como máquinas de anestesia, rayos x y arco en C operan con accesorios faltantes, están obsoletos o con trabajo defectuoso.

Si el más joven de los hospitales presenta tantos problemas, su hermano mayor pasa un calvario peor. El Goyeneche supera los 113 años, tiene capacidad para 300 camas y se aferra a la categoría III-1, la misma del Honorio Delgado.

El área de Emergencia, construida en el primer periodo de Juan Manuel Guillén como presidente regional, sigue sin ingresar del todo al patrimonio del hospital. Después de 11 años, su equipamiento no ha sido transferido por lo que no puede ser incluido en el presupuesto de mantenimiento del Ministerio de Salud. Negligencia o torpeza que tiene a equipos malogrados y con marcha deficiente. El equipo movible de rayos x esta inservible, al igual que los aspiradores de secreciones, mientras que monitores de signos vitales y ventiladores mecánicos tienen fallas continuas.

Además, su Centro Quirúrgico tiene serias dificultades. Tienen que operar con una máquina de anestesia que supera los 20 años de antigüedad. Ante la falta de mesas de operación suficientes, deben turnarse las tres únicas que están funcionales. Adicionalmente, los sets de instrumental para diversas especialidades requieren reemplazo urgente.

La casa vieja, el hospital Goyeneche

El boom demográfico que experimenta Arequipa se refleja en la demanda de atenciones médicas. Basta caminar por Emergencias del Honorio Delgado para constatarlo. Pacientes hacinados en los corredores y salas con el doble de camas recomendadas. Además, un aumento de pacientes que no fue de la mano del mejoramiento de la infraestructura. Todo lo contrario.

El descuido de las construcciones en los dos establecimientos es innegable. Ambos presentan grietas, fisuras y desprendimientos de concreto. Los acabados en sus interiores tampoco son uniformes y en algunos casos dificultan el uso de sistemas de climatización y aire acondicionado. Esto supone riesgo de contaminación por los niveles de hacinamiento y la falta de circulación del aire. Asimismo, existen humedecimientos por filtración de lluvias o problemas con tuberías.

Incluso Defensa Civil determinó riesgo de colapso en el Honorio Delgado. Las bases en el subsótano presentan deterioro en columnas y paredes, que sostienen los seis pisos del edificio principal. En vista de la urgencia, la ministra de Salud, Zulema Tomás, dispuso la llegada de un equipo técnico de la Universidad Nacional de Ingeniería para determinar el futuro de su estructura: esto es, si corresponde refaccionarla o demolerla.

Al Goyeneche no le va mucho mejor. La eterna promesa de nuevas instalaciones es un cuento harto conocido. Así, tanto en las gestiones regionales de Juan Manuel Guillén como de Yamila Osorio, se presentaron sendas maquetas del proyecto. No obstante, siguen en calidad de proyecto.

Compras al agua

Con todas las necesidades desatendidas en el sector Salud, el accionar negligente en torno a la compra de instrumental y equipos médicos es la cereza en el pastel. Luego, en el 2016, durante la administración de Yamila Osorio, se compraron aparatos que nunca pudieron ser utilizados en el Honorio Delgado, por alrededor de seis millones de soles.

El fondo era parte de una partida de 13 millones proveniente del Ministerio de Salud. Su licitación no se consultó con los médicos y encargados de las áreas usuarias, sino que la realizaron funcionarios de la Gerencia de Salud. Como resultado, se adquirieron equipos que no cumplían las especificaciones técnicas mínimas. Sin posibilidad de utilizarlos, están almacenados, acumulando polvo. Se trata de calandrias, máquinas centrífugas, planchas, hornos, lavadoras automáticas; que debieron servir para las áreas de Esterilización, Nutrición y Lavandería. Así lo confirmó el director Octavio Chirinos Salazar

En el Goyeneche pasan por vicisitudes parecidas. Por intermedio de la ex gobernadora, se gestionó la donación de un equipo laparoscópico, pero sin consultar las especificaciones técnicas al hospital. Como resultado, la “compra a la deriva” está abandonada, sin posibilidad de uso. En opinión de Arnaldo Sánchez, presidente del Cuerpo Médico, el cuadro de necesidades debe ser conversado con los usuarios para evitar más adquisiciones inútiles.

El Cuerpo Médico del Goyeneche es uno de los más reacios con las políticas de inversiones en Salud de la ex gobernadora. Así, la premura por sacar adelante el plan de contingencia, previo a la construcción del nuevo edificio, los confrontó con la administración regional. Se pretendía cerrar ambientes y hacinar pacientes, aun cuando no se contaba con el expediente técnico de la nueva construcción.

A pesar del cambio de autoridades, se mantiene cierta inercia en lo que a Salud respecta. Pese a que la última declaratoria de emergencia llegó con tres millones de soles para el Honorio Delgado y 400 mil soles para el Goyeneche, se estima que es una cifra insuficiente para todo lo que necesita atención. La brecha de inversión, reconocida por el GRA, es de 32 millones y 4 millones de soles, respectivamente. Sin embargo, se intuye que los requerimientos reales son ampliamente superiores. Los médicos del Honorio estiman en 75 millones de soles el mínimo necesario para operar en condiciones óptimas, monto similar al del otro hospital.

Así, cualquier medida o fondo de contingencia dispuesto por el Estado será un placebo más en la lenta agonía de los principales establecimientos médicos de Arequipa. Un vía crucis inexorable que, sin la voluntad política del gobierno nacional y regional, condena a toda una ciudad a un continuo pronóstico reservado.

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La idoneidad de los funcionarios de confianza en las instituciones públicas de Arequipa está en entredicho. En la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) fueron 21 los cuestionados por la Contraloría General de la República. La administración de Omar Candia espera subsanar las observaciones para mantenerlos en el cargo.

El alcalde Omar Candia insistió en que las observaciones son solo “de forma”. Por ejemplo, criticó la calificación de “funcionario inhábil”. En su valoración, una declaratoria de inhabilitación sólo corresponde tras un dictamen legal, procedimiento administrativo o disciplinario. Estos casos difieren de los funcionarios municipales, quienes sólo incumplieron con el pago de derechos de sus respectivos colegios profesionales.

Similar inconveniente corresponde a la acreditación de grado académico. Según el  burgomaestre, se trata de un formalismo. Así, la validación se evidencia mediante la sustentación de grado académico o título profesional. Pero en varios casos la información no coincide con la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que emite información sobre los títulos inscritos. Asimismo, Candia enfatiza que el título de bachiller también constituye un grado académico.

No obstante, el edil no descartó retirar a aquellos cuya condición no pueda regularizarse. Al efecto, se encuentra a la espera de un informe final con las conclusiones del Órgano de Control Interno (OCI) de la comuna.

Por otra parte, el alcalde defendió la idoneidad del gerente municipal Daniel Gómez. El funcionario, junto a Candia, afrontan juicio por presunta corrupción en la compra de cámaras de seguridad en Alto Selva Alegre. Sostuvo que no existe impedimento para que ocupe cargo público alguno. El juicio contra ambos se encuentra en su fase final.

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A comienzos de marzo un escándalo estalló en el ya desgastado Congreso de la República. Seis congresistas habían realizado el cobro indebido de gastos por Semana de Representación. En lugar de viajar a la jurisdicción donde fueron elegidos, se encontraban fuera del país.

Uno de los parlamentarios denunciados, Jorge Castro (no agrupado), al verse expuesto decidió dar a conocer que había otros 11 parlamentarios que realizaban la misma práctica. Es entonces cuando se comienza a cuestionar la semana de representación. ¿Se justifica la asignación que el Congreso otorga a los parlamentarios por esta tarea parlamentaria? ¿Se cumplen los objetivos de la “semana de representación”?

Costos sin beneficios

Según el inciso F del Artículo 23 del Reglamento del Congreso, es un deber de los parlamentarios: «mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades, y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes». Con ese fin se creó la Semana de Representación, actividad que consta de cinco días hábiles, generalmente la última semana de cada mes, en la que los congresistas deben aproximarse a sus electores.

Para este fin se les asigna 2 mil 800 soles que deben cubrir los gastos requeridos durante su trabajo de representación.

Tras la denuncia en un medio nacional, salieron a luz las deficiencias de este mecanismo. En vez de fomentar la relación y cercanía del congresista con sus votantes y resolver temas precisos en su jurisdicción, termina siendo un conjunto de actos de figuración donde es difícil medir su efectividad. Hasta se podría decir que incluye actividades que no aportan en nada al desarrollo de su circunscripción.

Nos centraremos en los 6 congresistas electos por la región Arequipa.

La semana que pasó, fue una Semana de Representación correspondiente a abril, pero hay parlamentarios que hasta el momento no presentan su informe sobre las actividades de marzo, incluso de febrero. El caso del parlamentario Sergio Dávila es notorio, ya que el último informe que está publicado en la página del Congreso de la República es de enero.

Horacio Zevallos también llega a enero, aunque su despacho nos informó que el mes de febrero pidió licencia, por lo que envió un documento solicitando no se le abone el monto destinado a cubrir la semana de representación de ese mes. El informe del mes de marzo se nos hizo llegar directamente.

En el caso del parlamentario Miguel Román, solo se consigna el informe hasta el mes de febrero. Justiniano Apaza, Ana María Choquehuanca, Alejandra Aramayo, sí han publicado su informe hasta el mes de marzo. Veamos.

Justiniano Apaza

Aunque su informe de marzo es detallado, en noviembre del 2018, por ejemplo, Apaza Ordoñez presenta un informe muy básico. Consigna solo dos actividades en la semana del 12 al 16 de noviembre: Una reunión descentralizada de la comisión investigadora del proyecto Majes – Siguas II efectuada el jueves 15 de noviembre, y una reunión con la Asociación de Criadores de Toros de Pelea de Arequipa. El parlamentario justifica en el mismo informe que como miembro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, se encontraba exonerado de realizar la semana de representación.

Las actividades de representación del parlamentario en los meses de noviembre y diciembre del 2017 son desconocidas porque no figuran sus informes. En cambio, hay que decir que lista sus actividades al detalle, en otros casos.

Alejandra Aramayo

En su informe de marzo del 2018, consigna como “semana de representación” solo el día lunes 26 de marzo (4 actividades, pero en Lima). Entre ellas, una reunión con el presidente del Poder Judicial, Dúberli Rodríguez, con el comité de trabajadores del Ministerio Público a nivel nacional, la promulgación de una ley por parte del Congreso (de la cual ella fue autora) y la conferencia de prensa de la misma. Difícilmente se pueden considerar de relación con sus representados y tampoco justifican el gasto, pues no hubo viaje a Arequipa.

El informe carece de información detallada y consigna una serie de fotografías de las 4 actividades enumeradas. De otro lado, las entrevistas a los medios de comunicación, no necesariamente se pueden considerar como una actividad de representación.

En su informe de febrero del 2017, como parte de su trabajo de representación, coloca 6 entrevistas a distintos medios locales entre los días 23 y 24 de febrero.  Asimismo, en junio del 2017, en su informe solo consta dos días de representación, con 7 actividades entre las que incluye dos entrevistas.

En general, sus informes tienen poca profundidad y consisten de una descripción de las personas con las que se concreta las reuniones y el pedido; más no si se logró algún tipo de avance.

Ana María Choquehuanca

En el caso de Ana María Choquehuanca, sus informes guardan un formato que, aunque no tan específico, alcanza a explicar las reuniones y las acciones posteriores; pero el informe de la semana de representación de abril del 2017 termina reducido a una especie de álbum de fotografías, donde solo se consigna el nombre de las personas. La descripción no permite deducir la naturaleza y resultados de las reuniones.

En noviembre del 2018 se vuelve a exponer un formato muy similar, aunque de forma muy escueta incluye una descripción. El resto del informe es un collage de fotos y leyendas.

Este formato se conserva hasta los últimos informes de la parlamentaria, aunque ocasionalmente incluye una mayor descripción de sus actividades.

Sergio Dávila Vizcarra

En el caso de Sergio Dávila, sus informes se distinguen por ser solo descriptivos y escuetos, lo que dificulta comprender las actividades y su utilidad.

En el caso específico del informe de abril de 2017, solo incluye dos días. Entre las actividades incluye un desayuno organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros el día 24 y la sesión del pleno en el Parlamento; así como una reunión y mesa de trabajo con los asesores en el despacho congresal, el día 25. Todas estas actividades se hicieron en Lima. ¿Cómo justificar los gastos adicionales, entonces? Además, nada de lo consignado tuvo que ver con Arequipa.

En el informe de agosto de 2017, Dávila participa en la ceremonia de aniversario de la ciudad de Tacna. El informe de septiembre del mismo año también es notorio por su escasa información, pues solo consigna fotografías.

El informe de la semana de representación del 26 al 29 de diciembre del 2017 se reduce a una sola actividad: una chocolatada y entrega de juguetes a niños de bajos recursos. Eso sí, hay muchas fotografías.

En enero del 2018 solo se informa de dos actividades: la participación de una mesa de trabajo con alcaldes de Caravelí y una reunión con agricultores del Valle de Majes, Uraca y Corire. Mas no figuran acuerdos o conclusiones.

Es solo en el informe de octubre de 2018 donde el parlamentario Sergio Dávila logra un informe más sólido, consignando las conclusiones o acciones a tomar, a partir de sus actividades de representación.

Miguel Román Valdivia

En el caso de Miguel Román Valdivia, parlamentario que se distingue por su bajo perfil, sus informes mantienen un gran parecido con sus colegas. Solo son descripciones de un par de párrafos por actividad, mencionando las personas con las que conversó y los temas en cuestión, más no las acciones que se tomarán.

En el caso especial de la semana de representación de agosto del 2017 (28 de agosto al 1 de septiembre), el parlamentario coloca entre sus 14 actividades de representación, 4 entrevistas otorgadas a medios locales y 2 ceremonias (I. E. Deán Valdivia y conmemoración de Santa Rosa de Lima).

En la semana de representación del lunes 23 de octubre al 27 de octubre del 2017, el parlamentario solo enumera actividades de 4 días. También incluye una entrevista, una ceremonia de inauguración de un local y su participación en el aniversario de la institución educativa Mercedes Manrique, en Mollendo.

En el informe de noviembre, dedica su último día de representación (viernes 24 de noviembre del 2017) a participar en la ceremonia de aniversario del distrito de Bella Unión, en Caravelí.

El informe de diciembre del 2017 hace aún más notoria la superficialidad de las actividades; la mayoría son solo “visitas” que realiza el parlamentario. Por ejemplo, a un laboratorio entomológico, a la alcaldesa de un distrito, a un Cetpro. Y una escuela para niños con habilidades especiales, sumado a una entrevista. En los cuatro días de representación que consigna en su informe, solo hubo 8 actividades.

Luego, entre el 19 al 23 de febrero, el 22 solo hay “una breve reunión” con la señora Juana Rosa Aspilcueta. Mientras que el viernes 23 indica que participó de la bienvenida a 4 parlamentarios de Taiwán en Lima. En este caso, tampoco hubo traslado.

El marzo de 2018, la única actividad que consigna es su asistencia a la ceremonia del viernes santo y en julio solo documenta tres de los 5 días de representación.

Horacio Zeballos Patrón

El congresista Horacio Zeballos presenta un formato de informes con un poco más de detalles. A pesar de ello, no se salva de cuestionamientos en cuanto a su función en las semanas de representación.

En el caso de los meses enero, febrero, marzo y abril del 2017, el parlamentario envía un solo informe, presentado el 6 de junio. Allí e presenta un conglomerado de todas las actividades realizadas los cuatro meses.

Sobre las actividades de los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2017, son un misterio, debido a que no existe un registro de dichos meses.

Y en el informe de marzo de 2018, solo figura un álbum de fotografías de eventos. Solo se indica fecha, lugar hora y participantes.

En suma, la utilidad de las actividades de los 6 parlamentarios por Arequipa, en las semanas de representación, no se han hecho notar. El mecanismo que fue creado para lograr una cercanía y contacto directo con la problemática específica de los lugares que representan, terminan reduciéndose a viajes protocolares y/o actividades proselitistas que no contribuyen directamente al cumplimiento de su labor en función al desarrollo de Arequipa.

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La versión digital de este informe fue publicado en la Revista, Edición N° 66. Puedes descargarla aquí https://elbuho.pe/larevista/66/

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Las investigaciones sobre el llamado “Club de la Construcción” avanzan. El Ministerio Público ratificó que José Paredes, hermano del exministro de Transportes durante el gobierno de Ollanta Humala, Carlos Paredes, era el encargado de recibir las coimas destinadas al ministro.

Por este motivo, en audiencia realizada este lunes, el fiscal Germán Juárez ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra José Paredes. Fundamenta su pedido por la comisión de los delitos de asociación ilícita, colusión agravada y cohecho activo genérico.

«José Paredes formó parte de la organización criminal del tercer componente, actuando en representación de su hermano»

Fiscal Germán Juárez en el requerimiento de prisión preventiva del .

Entre las pruebas en contra de Paredes, se encuentran cuatro testimonios de colaboradores eficaces.

La Fiscalía también cuenta con reconocimientos fotográficos y testimonios de testigos durante las reuniones con empresarios que conformaban el “Club de la Construcción”.

En las conclusiones se explica cómo los sobornos representaban el 3% del total de la obra en cuestión. De este monto, un 2.35% estaba destinado al pago del exministro Carlos Paredes.

Impedimento de salida

Ante el avance de las investigaciones, el Poder Judicial decidió dictar el impedimento de salida por 8 meses al exministro Carlos Paredes. Las investigaciones en su contra lo involucran directamente al cobro de coimas al “Club de la Construcción”.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, fue quien solicitó dicha medida preventiva, tras haber interrogado a Paredes el viernes último. Se ha hecho extensiva la resolución en todas las unidades policiales y autoridades de migraciones en las fronteras, alrededor del país.

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Miguel Ángel Salcedo Viza, sindicado como líder de la organización delictiva Los Magos del Misti, tuvo numerosas denuncias de las que salió librado. Según el registro de condenas del Poder Judicial, acumuló sentencias por hurto agravado y marcaje en Tacna y Arequipa, respectivamente. Sin embargo, las alarmas nuevamente se prendieron cuando se dio a conocer que uno de los procesos fue visto por el exjuez Gino Valdivia Sorrentino.

El exmagistrado declaró el sobreseimiento definitivo de una investigación penal por supuesto hurto agravado donde estaba involucrado Miguel Ángel Salcedo Viza. La resolución fue emitida el 10 de mayo de 2018, momentos antes de la detención de Valdivia Sorrentino. En consecuencia, la Fiscalía estaba impedida de continuar con el caso y el imputado se libraba de  un futuro juicio.

La fiscal del caso Alejandra Cárdenas advirtió de este hecho al Ministerio Público ante la sospecha de que tenga vinculación con uno de los procesos penales contra el magistrado.

Archivamiento que genera duda

Miguel Ángel Salcedo Viza fue acusado en agosto de 2015 de sustraer accesorios del vehículo de Anastas Tito Paredes. La víctima dejó estacionado su automóvil frente a un grifo en la Av. Simón Bolívar con calle Amazonas, en Mariano Melgar. Al día siguiente, encontró la puerta manipulada y faltaba la memoria del vehículo.

El trabajador del grifo logró ver la placa del auto donde habían fugado los delincuentes. Con esa pista, se ubicó al dueño Miguel Ángel Salcedo y al vehículo, pero con otro color. La defensa del imputado alegó que el día del hurto el automóvil había estado un mes en el taller porque había sufrido un accidente de tránsito.

El fiscal que vio el caso en ese momento, Franz Rosas, de la Fiscalía de Mariano Melgar, señaló a El Búho que el juez Gino Valdivia archivó la acusación pese a existir dudas en la versión del imputado. “No hubo certeza de que el auto estuviera en el taller”, indicó. Finalmente, el proceso no concluyó y nunca se logró determinar si Salcedo Viza era o no responsable.

No obstante, fuentes consultadas por El Búho refieren que existen audios donde el magistrado haría mención del imputado y de un posible pago de soborno. Este proceso es llevado por la fiscal Rosario Lozada Sotomayor.

Imputados con récord de sentencias

Miguel Ángel Salcedo Viza no era el único de los Magos del Misti que presentaba un historial de procesos. Cesar Alberto Aranguri Reynoso (53), acusado de ser uno de los delincuentes que hurtaba autopartes, registra hasta 6 sentencias por hurto agravado, entre el 2006 y 2017. En todas ellas obtuvo solo pena privativa de la libertad. Y actualmente, aparece en el sistema sin antecedentes penales y judiciales vigentes.

Otro de los imputados que también tiene sentencias es Jesús Coronado Rodríguez. Consigna dos sentencias por hurto agravado en el 2009 y 2015. En el primer caso recibió libertad condicional y en el segundo el juez le otorgó una pena convertida a 79 jornadas de trabajo comunitario.

En tanto, los acusados Gerald Gutiérrez y Eduardo Paz, ambos acusados por receptación, aparecen con sentencias por este mismo delito. También figuran con antecedentes César Augusto Torres Yañez, Marco Chavez Blanco, Luis Mendoza y José Oviedo.

Consultado sobre estos casos, el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, Johnny Cáceres, indicó que abrirá una investigación preliminar para averiguar por qué no se ordenó una sentencia efectiva conociendo sus antecedentes.

Prisión Preventiva en curso

La fiscal anticrimen Alejandra Cárdenas fundamentó este martes  la prisión preventiva de 36 meses para los 16 involucrados en la presunta banda Los Magos del Misti. La magistrada expuso ante el juez de Mariano Melgar, Edwin Esteba Huanca, las pruebas recopiladas en estos 15 días. Entre las evidencias  figuran los testimonios de los agraviados que denunciaron como sufrieron la sustracción de los accesorios de sus vehículos.

En la audiencia realizada en la sala Nº 18, uno de los acusados pidió acogerse a la confesión sincera.  El acusado, cuya identidad está protegida,  reconoció el delito de receptación, pero no el delito de crimen organizado. El juez indicó que resolverán este pedido al finalizar la audiencia de prisión preventiva.

La tesis de la fiscal es que se trata de una organización criminal flexible, cuyo líder Miguel Angel Salcedo Visa, fungía como el financista del grupo. Esta red delictiva tenía tres grupos operativos que se encargaban del hurto, un grupo de receptadores que se encargaba de comercializar los objetos robados. La fiscal los acusa de hurto y robo agravado, receptación y organización criminal. La pena que les correspondería a cada uno oscila entre los 15 y 20 años de cárcel.

La diligencia de este martes culminó a las 17:00 horas y continuará mañana desde las 8:30 horas, informaron autoridades judiciales.

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El primer concurso CAS de la administración Candia recibió muchos cuestionamientos. En un inicio se puso en entredicho los requisitos exigidos para cada cargo, a lo que se sumaron acusaciones de presunto direccionamiento en favor de personas que apoyaron la postulación de Omar Candia Aguilar en las últimas elecciones. El alcalde de Arequipa minimizó los cuestionamientos, a los que consideró apreciaciones subjetivas. Afirmó que no era necesario que los requisitos de las plazas en concurso coincidan con los requisitos definidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la comuna. El Búho consultó con especialistas en ley SERVIR y anticorrupción y concluyó que se trata de una afirmación engañosa.

Min. 1:06: “Hasta ahorita, las apreciaciones que hemos podido revisar son subjetivas. Incluso la que hizo la OCI. Dice que los requisitos que se han puesto en el concurso no coinciden con los que están en el Manual de Organización y Funciones. No tienen por qué coincidir. No hay norma que diga que tiene que coincidir, porque la naturaleza jurídica del CAS es diferente de la naturaleza jurídica de un proceso 276”.

Omar Candia Aguilar, alcalde de Arequipa

Antecedentes

La convocatoria CAS Nº 001-2019-MPA se hizo pública a mediados de abril. El concurso oferta 232 plazas en el municipio, para diversos puestos de índole administrativos. En respuesta, más de 2 mil personas llegaron al local municipal de El Filtro a presentar sus CVs. Sus expedientes pasaron por una verificación y evaluación curricular, que filtró a los aptos para participar del proceso. Entonces empezaron los problemas.

Alrededor de 20 postulantes presentaron reconsideraciones a la evaluación curricular. Se sumaron otros tantos que denunciaban en medios de comunicación y redes sociales resultados cuestionables. Los expedientes de personas con títulos profesionales no eran aptos frente a otras sin igual grado académico. ¿Qué criterios guiaban las bases del concurso?

El alcalde Candia defendió en varias ocasiones la idoneidad del concurso. Aseveró que, al tratarse de naturalezas jurídicas distintas de plazas tipo 276, no existía la necesidad de ceñirse al Manual de Organización y Funciones (MOF) de la municipalidad.

Verificación

Según el procurador anticorrupción de Arequipa, Renato Mendoza Cárdenas, las plazas convocadas tienen que ceñirse al perfil especificado en el MOF. Sostuvo que si se va a contratar una persona que no cumpla con el perfil, es posible que no se ajuste a los requerimientos del puesto y eso sería perjudicial.

Añadió que no tiene sentido que los requisitos de un puesto no se ajusten a lo que especifica el documento de gestión. Incluso podría afectarse el óptimo funcionamiento de la administración municipal.

Sin embargo, actualmente el MOF, tampoco es ya el instrumento vigente para la elaboración de perfiles de puestos.

Perfiles de Puestos

Según Magali Meza Mundaca, gerente de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de SERVIR, el MOF es un instrumento de gestión desfasado. Al tratarse de un documento derogado, no puede modificarse o adaptarse desde el 2013. En su lugar, entró en vigencia el Manual de Perfiles de Puestos. Se trata de un documento de gestión implementado por la Directiva Nº 004-2017-SERVIR. No obstante, se incurre en error al convocar procesos CAS sin implementar esta normativa:

“Muchas entidades públicas no están cumpliendo con esta directiva, vigente desde el 2013. Están contratando personas sin los perfiles de puesto necesarios, tal como lo define la directiva. Esto los estaría haciendo incurrir en faltas administrativas en su proceso de selección. La directiva indica que no se puede convocar a un proceso de selección sin que exista un perfil de puestos. Debe ser levantado técnicamente bajo la metodología que SERVIR ha establecido. Donde se definan las funciones del puesto, requisitos de formación, requisitos de conocimiento, requisitos de experiencia tanto general como específica. Este perfil debe contener todos esos parámetros para que tengan una validez”.

Magali Meza Mundaca, gerente de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de SERVIR

Meza subraya que el documento debe ser de carácter público para la transparencia de los concursos CAS. Realizar una convocatoria sin tener esto en cuenta da pie a acciones de nulidad. También existiría responsabilidad administrativa al jefe de Recursos Humanos y de quienes aprobaron el proceso incumpliendo las normas.

En el caso de la MPA, SERVIR no recibió una denuncia formal. No obstante, al ser un hecho público, iniciarán una investigación de oficia al concurso CAS.

Proceso riesgoso

La convocatoria de la municipalidad provincial se realiza sin este documento. El informe de orientación de Oficio Nº 017-2019-OCI del Órgano de Control Institucional de la MPA concluye que “se ha advertido una situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de selección en mención”. Específicamente, las bases del proceso de selección de personal no cumplen el diseño de perfiles de puestos aprobado por SERVIR. Una situación que compromete la transparencia y legalidad del proceso.

Contraloría recomienda que el propio alcalde tome conocimiento de las observaciones y adopten medidas preventivas y correctivas, para asegurar la continuidad del proceso. Asimismo, se pide que comunique en un plazo de 10 días hábiles el plan de acción para resolver esta problemática.

Conclusión

Por ende, El Búho concluye que las afirmaciones de Omar Candia, que no es necesario que una convocatoria CAS se ajuste a los requerimientos del MOF, son engañosas. Si bien se trata de un instrumento de gestión desfasado, este debe utilizarse para dirigir los procesos de selección de personal, si es que no se cuenta con el Manual de Perfiles de Puestos.

Asimismo, no se puede convocar concursos para contratos, si no se cuenta con un documento previamente aprobado sobre los perfiles de los puestos. La MPA, tampoco cumplió con la elaboración de los perfiles de puesto requeridos para convocatorias de este tipo.

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Los procesos contra el exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, tras dejar el cargo, no cesan. La Fiscalía de Medio Ambiente formalizó la acusación ante el Poder Judicial. Lo acusa de otorgar permisos que ocasionaron la depredación de la campiña arequipeña. La audiencia de control de acusación será fijada en los próximos meses.

Se trata del caso de la Universidad Continental, que se construyó en un área destinada para el Ecoparque de José Luis Bustamante y Rivero. El terreno agrícola, denominado La Canseco II, estaba considerado como una de las pocas reservas verdes de la ciudad. Con el cambio de uso, su valor pasó de poco más de 60 mil soles, hasta 4 millones de dólares, que es el monto por el que fue vendido a esta universidad.

El ilícito se habría cometido en una sesión de Concejo Municipal que convocó la exautoridad la noche del 30 de diciembre de 2014. A horas de finalizar su primer mandato como alcalde de la ciudad. Los regidores señalaron, durante la investigación, que solo aprobaron la intangibilidad de la zona y no el plan específico del Ecoparque Metropolitano, documento con el que su pudo efectuar el cambio de uso y su consiguiente urbanización.

En el transcurso de la investigación, algunos exconcejales lo denunciaron por adulterar el acuerdo del Concejo. Esto permitió que se habilitaran áreas agrícolas para que la Universidad Continental edifique su campus.

Falsedad en acuerdo

La fiscal de medio ambiente, Carolina Cáceres, formalizó la acusación penal por los delitos de otorgamiento ilegal de derechos y falsedad ideológica. En la acusación, se le atribuye a Zegarra Tejada haber actuado dolosamente al introducir información falsa en el acta de concejo.

Esto se produjo cuando la exautoridad pidió ratificar como zona intangible el Parque Zonal de Arequipa, sin mayor debate. Los regidores decidieron aprobar por mayoría el pedido del exalcalde. Solo se abstuvieron tres regidores: Christian Talavera, María Huanacuni y Heber Cueva.

El delito se concreta cuando al transcribir el acta de la sesión se consigna la aprobación del plan específico del ecoparque y no la ratificación de intangibilidad. En este acto participó José Toranzo Concha, secretario general de la municipalidad. La fiscalía también lo ha considerado en su acusación como cómplice primario.

Favorecieron a universidad

La fiscal concluye que la conducta del burgomaestre tenía la intención de beneficiar a la Universidad Continental. Pues, al día siguiente de la sesión, el exalcalde firmó la ordenanza municipal Nº 906, aprobando el Plan Específico del Parque Zonal. Con este documento, el municipio permitió que se habilitaran las áreas para «usos especiales».

Además, para evadir su responsabilidad, Zegarra Tejada, amparándose en el actual PDM, le otorga la zonificación para uso comercial. El Ministerio Público ha solicitado una pena de 3 años y 6 meses para la exautoridad. Esto al habilitar el cambio de uso de áreas agrícolas y adulterar el acta de sesión.

Hasta el cierre de esta nota buscamos la declaración de la exautoridad, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Actualmente, el exedil ya tiene una sentencia por la aprobación irregular del PDM que posibilitó la depredación de extensas áreas verdes.

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Según últimos reportes, el terremoto con epicentro en Lagunas, se sintió en 9 regiones del Perú y en 4 países. Este lunes, el COEN informó de otro muerto en Cajamarca. Además, confirmó la existencia de 12 heridos y 205 familias damnificadas. Los daños no fueron mayores debido a la profundidad del movimiento.

El sismo que ocurrió en horas de la madrugada del domingo en la provincia de Alto Amazonas en el departamento de Loreto fue de 8 grados. Así lo confirmó el Instituto Geofísico del Perú, que rectificó una primera información en que figuraba con 7.5 grados.

El movimiento se sintió en todo el norte del país, incluyendo la ciudad de Lima. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró el movimiento telúrico a las 02.41 horas, con una profundidad de 135 kilómetros. El epicentro del terremoto fue la localidad de Lagunas y el movimiento duró 127 segundos.

En el distrito de Lagunas se sintió con una intensidad V-VI. El epicentro se ubicó a 70 kilómetros al sureste de esta localidad.

Según Defensa Civil, se había confirmado hasta el domingo un fallecido y 12 heridos. El presidente Martín Vizcarra se trasladó a la zona afectada, acompañado por las ministras de Salud y de Transportes y Comunicaciones.

Según el reporte de COEN en la tarde del domingo, había 205 familias damnificadas y 238 afectadas por viviendas afectadas, Además, 17 colegios afectados y 4 colapsados, 12 centros de salud afectados y 1 puente colapsado, cerca a Yurimaguas en la vía a Tarapoto. También 2 templos afectados y vías de transporte interrumpidas en varios puntos.

Según informó Hernando Tavera, jefe del IGP, «la profundidad del sismo fue «intermedia» y por eso su radio de influencia fue mayor, alcanzando Junín, Piura, Chiclayo, Iquitos, Tarapoto, entre otros».

En Cajamarca, la carretera que lleva a Cajabamba ha colapsado por una profunda grieta en la vía, a la altura de Huañimba.

Amplia extensión del terremoto

En Lima, la Municipalidad de Miraflores informó que por precaución ha restringido momentáneamente el circuito de playas, a fin de evitar que algún desprendimiento de piedras afecte a los automovilistas que circulan por allí.
Este evento sísmico fue sentido igualmente en Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela, donde las autoridades han pedido calma a su población y evalúan posibles daños.

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(Última actualización: lunes 27 a las 9 a.m.)

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El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, se comprometió este domingo a formalizar los terrenos invadidos por asociaciones de vivienda. Para ello, firmó convenios con alcaldes distritales y dirigentes de asociaciones populares. Los acuerdos levantaron polémica debido a que se incluyeron a dirigentes cuestionados por invasiones y tráfico de terrenos.

Cáceres Llica participó de los actos conmemorativos por el Día del Urbanizador, que se realizó en la Plaza de Armas de Arequipa. Se reunió con Carlos Paz Andia, presidente de la Asociación de Urbanizaciones Populares (AUPA), en su local de la Av. Independencia.

Previamente, estuvo con Ramón Pachas, del Frente Amplio Cívico Arequipa (FACA) en un mitin en la Plaza de Armas. En este acto también estuvo presente el alcalde de Arequipa, Omar Candia. Tomando distancia de AUPA, continuaron con la celebración en el local del Sutep, en la calle Octavio Muñoz Najar.

Convenios

Elmer Cáceres Llica firmó convenio con Carlos Paz Andia durante la ceremonia, en el local de AUPA. El compromiso es facilitarles de maquinaria pesada para sus proyectos, también apoyar a lo poblados para obtener agua y desagüe. Al evento acudió la congresista Ana María Choquehuanca y los alcaldes de Paucarpata y Chiguata.

Un segundo convenio fue firmado entre Sedapar y los municipios de Paucarpata y Chiguata. El propósito del acuerdo es ejecutar la II etapa del sistema de agua potable y alcantarillado para 14 pueblos jóvenes asentados en sus límites. La I etapa actualmente se encuentra en ejecución a cargo del Gobierno Regional. Demanda una inversión de 7 millones de soles.

El tercer convenio se firmó con la municipalidad Cayma, con intermediación del dirigente Ramón Pachas, presidente del Frente Amplio Cívico Arequipa (FACA). El Gobierno Regional financiará proyectos para beneficiar a las asociaciones de la parte alta de Cayma. A su vez otorgarles el saneamiento de sus predios. También construir un puente, a la altura de la vía 54, que una Cayma con Cerro Colorado.

Oficina técnica de formalización

Elmer Cáceres Llica también anunció la creación de una oficina dentro del Gobierno Regional de Arequipa. Estará encargada de llevar adelante los procesos de formalización que requieran las asociaciones.

«Vamos a crear una oficina técnica al pedido de ustedes, del señor Pachas. Dentro de ese proyecto está el tema del agua, desagüe, la luz y el más importante el saneamiento físico», señaló Cáceres, durante el mitin.

Asimismo, el gobernador instaló una comisión integrada por los funcionarios Walter Paz y Reimer Montesinos. Representando a las asociaciones se encuentran, Ramón Pachas Vela, Ruth Acosta Sánchez, Romel Ludeña Sánchez del FACA. Y Juan Carlos Gonzales Calla, José Chapa Díaz, Leonardo Huamaní Apaza, Alexandro Pizarro Rua, Alez Hualla Castillo de la Coordinadora Político Social.

«Sé que me van a criticar, pero estoy acostumbrado a los golpes…vamos a trabajar en nuestro gobierno. Repito una, dos, tres, cuatro veces, mil veces, el saneamiento físico legal», subrayó Cáceres.

La cercanía de muchos de estos personajes al expresidente regional, Juan Manuel Guillén, durante cuyo mandato se produjeron la mayoría de invasiones en las inmediaciones de la vía Arequipa-La Joya, ha llamado la atención. Como se recuerda, varios de estos dirigentes populares denominados «los cargadores», hicieron un pacto de cogobierno con la autoridad regional. Se agruparon alrededor de la llamada Coordinadora Político Social, que intervino en los procesos electorales.

Entre tanto, las asociaciones de vivienda en terrenos invadidos se multiplicaron y las denuncias de aprovechamiento de los dirigentes por enriquecimiento y utilización política, también. Maquinaria pesada del gobierno regional, desde entonces, sirvió para trazar límites y vías sobre amplias extensiones de terrenos en el Cono Norte, principalmente.

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El gobernador regional, Elmer Cáceres LLica, ya adelantó su decisión de firmar la Adenda 13 al contrato de Majes Siguas II (MS2). Esta postura no ha sido bien recibida por algunas autoridades y un sector de la población. Para el congresista Horacio Zeballos Patrón, aprobarla abriría una caja de pandora de obligaciones a favor de la concesionaria de la obra y en perjuicio del estado. Empezando por el préstamo que Cobra haría para la adenda.

Las condiciones para que la empresa financie los 104 millones de dólares del cambio tecnológico suponen el cobro del dinero con un 18.4% de interés anual. La reposición del empréstito debería completarse en 4 años y supondrá al estado un pago de 77 millones de dólares.

Para Zeballos, se trata de una maniobra de la empresa para maximizar sus ganancias. Más aún cuando no se realizó el cierre financiero del proyecto ni se sanearon los terrenos en que se ejecutará. Tampoco están hechos los expedientes técnicos y estudios complementarios. Con tantos pendientes, la aprobación del préstamos solo serviría para inflar los intereses que cobrará Cobra. Más aún, cuando sigue sin acreditar los 268 millones de dólares que le corresponde invertir.

Pero no es el único cobro adicional que desencadenará la Adenda 13. La concesionaria reclama 29,7 millones de dólares por concepto de gastos de mantenimiento por la paralización del proyecto. Asimismo, añade otros 45,2 millones de dólares por los trabajos avanzados para la primera etapa de MS2.

Expedientes onerosos

Por si fuera poco, Cobra también pretende otros 85,1 millones de dólares, monto en controversia por el expediente técnico de la primera etapa. La empresa modificó el documento y elevó su presupuesto. Si bien Autodema aceptó la modificación del expediente, rechazó el aumento. No obstante, según Zeballos, esto daría pie a que se fuerce el incremento.

Fuera de los reclamos económicos e intereses de la adenda, el parlamentario consideró necesario destrabar el proyecto. Esto, sin aceptar las demandas millonarias de la empresa. Sostuvo que existen tres informes en Autodema con propuestas de cambio tecnológico menos onerosas para el Estado.

Terrenos de Majes Siguas

Por otra parte, la rúbrica del acuerdo también convalidaría el convenio entre el Gobierno Regional y ProInversión, para que esta última sea la que subaste las parcelas en bloques de 200 hectáreas. Lo que tiraría por el piso cualquier promesa del gobernador para entregar terrenos de entre cinco y veinte hectáreas “al precio que quiera”.

El plazo final para la Adenda 13 vence el 2 de junio, cuando se cumplirán los dos meses de ampliación que el gobernador Cáceres fijó para su decisión. Aunque ya aceptó la firma, a pesar que en campaña aseguró no hacerlo, quedan varios cabos sueltos por cientos de millones de dólares.

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Después de sostener una reunión de 8 horas con su Consejo de Ministros, el presidente de la República, Martín Vizcarra, decidió dar un mensaje a la Nación. Anunció que ha decidido plantear la Cuestión de Confianza al Congreso. Se refirió específicamente a 5 proyectos de ley que envió el Ejecutivo en el marco de la reforma política.

Esto ocurre en medio de la tensión generada por el «blindaje» que la mayoría fujimorista, otorgó al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. En la víspera, la Comisión Permanente decidió el archivo de las acusaciones contra el aún fiscal supremo.

La Cuestión de Confianza

La planteó para la aprobación, sin vulnerar su espíritu, de 5 proyectos de ley que presentó el Ejecutivo. Esto son: inmunidad parlamentaria, eliminación del voto preferencial y participación equitativo de las mujeres. Además, prohibición del uso de dinero sucio en las campañas políticas. Y el que plantea que las personas condenadas no puedan ser candidatos y que cualquier ciudadano pueda participar en la elección de candidatos mediante elecciones primarias internas.

También solicitó la reconsideración del archivamiento de las denuncias contra Pédro Chávarry, exfiscal de la Nación.

El mensaje fue pronunciado en Palacio de Gobierno. Estuvo rodeado de sus ministros y los gobernadores regionales, quienes fueron convocados esta tarde.

El mensaje

El presidente Vizcarra emitió un duro mensaje dirigido al Congreso, con frases directas. Entre otras cosas dijo, en alusión al blindaje a Chávarry, que «corruptos y corruptores defienden sus intereses a costa de los peruanos… no vamos a permitir que otras vez impidan las reformas que necesitamos.. iremos hasta las últimas consecuencias»

«El Congreso de la República nos tiene acostumbrados a maniobras inaceptables … evidenciando un pacto de impunidad», dijo.

Martín Vizcarra, presidente de la República

«Exhorto a los congresistas para que reconsideren el archivo de las denuncias contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry», añadió.

Finalmente, se refirió a la ciudadanía. «Fueron ustedes quienes nos ayudaron a ver los males que padecemos (periodistas, ciudadanos), sin ustedes no seríamos conscientes de las mafias que tomaron los poderes del Estado… hago un llamado a la ciudadanía para que avancemos en las reformas que el país necesita»

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¿Cuál es el verdadero impacto que La Enlozada tiene en Arequipa? Para los agricultores del sector de Congata, la planta de tratamiento de aguas residuales representa perjuicios para ellos y los pobladores del lugar.

El agua tratada por la planta de la minera desemboca a la altura del fundo Cacatoyo, a pocos metros de una línea de succión de líquido del río. Allí se mezcla con el caudal del Chili y se observa un tono blanquecino y abundante espuma que se diluyen con el discurrir del afluente. En el ambiente se percibe un olor fuerte a químicos. Los agricultores advierten que, en ocasiones, las emisiones de La Enlozada son mucho más fuertes.

Francisco Polar Castro, chacarero del lugar, denuncia que sus productos y animales padecen la contaminación. Sus cultivos de coliflor, lechuga, cebolla y verduras, de tallo chico, cada vez se reducen más. La situación le parece contraproducente, ya que modernizó su método para obtener mejor rendimiento de sus tierras.

El efecto de la contaminación es tal que espantó a varios hombres de campo. Alrededor de 50 agricultores dejaron de lado sus cultivos por otras actividades. Otros 150 aún persisten en su actividad, pero resienten los problemas con el líquido. “Más es el gasto que hacemos que lo que ganamos. Prácticamente seguimos por amor a la agricultura”, reconoce Polar.

La ganadería tampoco pasa por un buen momento. Vacunos y bovinos enferman sin razón aparente o están por debajo de su peso. Para evitar mayores pérdidas, los criadores optan por abandonar la actividad y enfocarse en los sembríos. Aún cuando tampoco sean rentables.

Estudios propios

Marco Antonio Adriozola, agricultor y criador de ganado, también está descontento con la planta. Por ello, coordinó estudios de calidad del agua tratada en la UNSA y los comparó con los estándares de Calidad Ambiental para Agua. En los parámetros para riego de vegetales y bebida para animales se observaron bajos niveles de conductividad y alta presencia de aceites y grasas.

Al respecto, el alcalde Víctor Quispe Velásquez anunció que pidió un monitoréo a la Autoridad Nacional del Agua, sin obtener respuesta alguna. Según trascendió, los estudios de medición del agua del afluente solo cubren hasta el sector de Tingo. Pero de Uchumayo, cuenca abajo, se sabe poco. Asimismo, Cerro Verde minimiza los resultados de los estudios de Adriazola. Aducen que carece de rigurosidad al no provenir de laboratorios especializados.

Ductos perniciosos

La Enlozada se ubica cerca de 300 metros sobre el nivel del Chili y a dos kilómetros de distancia. Recoge un metro cúbico del afluente y 1,2 metros cúbicos del colector de desagües. El agua del río sube por tuberías junto a los colectores de desagües, que mediante motores de succión elevan el líquido hasta la zona de tratado. Un proceso que también trae problemas para la población de Uchumayo.

El primer problema radica en los escapes de gases de las tuberías. Al tratarse de contenido en descomposición provoca gases que se expulsan por válvulas de escape. Válvulas que se ubican en medio del distrito. Los gases atormentaron durante años a los vecinos que se quejaron de las emisiones. En respuesta, la minera colocó aerosoles para disimular los olores. No obstante, persiste al temor si esto afectaría a la salud de los pobladores.

Pero el mayor perjuicio es el producido por la vibración de la succión. En periodos de dos a tres horas, la subida del agua hace temblar las viviendas de Uchumayo. El procedimiento provoca grietas y fracturas en varias casas, incluso algunas nuevas.

Los vecinos temen por su integridad y la de los suyos. Asimismo, acusaron malas prácticas de Cerro Verde en la solución de las controversias. Según dijeron, la minera ofrece dinero a cambio de silencio, avalados por acuerdos de confidencialidad. Se trata de convenios extrajudiciales, privados y que cierran cualquier chance a negociaciones posteriores.

La Enlozada no convence

Para el congresista Horacio Zeballos Patrón, La Enlozada es perniciosa para Uchumayo y Arequipa. Tiene un sistema de tratamiento altamente oneroso, producto de una ubicación más favorable a la minera que a la ciudad.

En su valoración, tanto ANA como OEFA deberán realizar una evaluación permanente del agua. Incluso debería implementarse una estación de monitoreo permanente.

También genera dudas la aparente defensa que Sedapar hace del convenio con Cerro Verde. El gerente de la empresa “amenazó” con un alza en la tarifa del agua si al final asumen su operación.

La Enlozada tiene un periodo de funcionamiento garantizado de 25 años, el mismo que Cerro Verde. Tras este plazo, es incierto quién se encargará de su operación tras la salida de la minera. No obstante, trascendió que la empresa iniciará trabajos para ampliar la captación de agua. Esto en función al previsible aumento demográfico. Incluso, ya se habría presentado un Estudio de Impacto Ambiental, que estaría en revisión. Un incremento que, se presume, precederá a una futura ampliación de sus trabajos extractivos.

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Papeletas de tránsito impuestas a malos conductores acababan registradas a nombre de ancianos y algunas personas muertas. Por surreal que parezca, se encontraron indicios de que estos «cambiazos» son reales y se producían dentro de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

La presunta mafia operaba en el sistema de registro de papeletas de choferes. Fue la división de Tránsito de la Policía la que advirtió del cambio al comparar sus registros con los del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para la misma papeleta, de mayo de este año, el nombre del multado en el papel era distinto del multado en el sistema.

La divergencia de datos despertó las alarmas en la división de Tránsito, que denunció el caso ante Fiscalía la tarde del miércoles. Con el respaldo de la Policía Anticorrupción y de Alta Tecnología, intervinieron por cerca de ocho horas las sedes de la comuna. La diligencia tuvo como objetivo recabar información sobre el sistema de registro de papeletas y los encargados de operarlo.

Ingresos fraudulentos

Manuel Aquino Flores, fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dirigió la intervención. Las dependencias intervenidas fueron la Gerencia de Administración Tributaria, Fiscalización Administrativa, Recursos Humanos y Logística. También llegaron hasta la sede descentralizada de la comuna en Parque Lambramani.

Trascendió que 11 personas de la MPA son encargadas de ingresar las infracciones al registro del MTC. Fiscalía identificó y revisó las computadoras habilitadas para el proceso, constató los usuarios de sus responsables y su actividad en el sistema. Asimismo se copió el contenido de las cámaras de seguridad de las ventanillas de atención.

Según el fiscal del caso, encontraron varios casos de «cambiazos» de papeletas. Incluso en la inspección se encontró que personas de 86 años, nacidas en 1933, tenían dos papeletas impuestas el 20 de mayo. Para Manuel Aquino, la diligencia era de carácter urgente e inaplazable. La prioridad es establecer quien realizaba los cambios de titulares de multas. No obstante, aclaró que aún no puede concluirse que las variaciones se dieran dentro del municipio.

Alcalde de Arequipa saluda operativo

Consultado sobre la diligencia, el alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar saludó el accionar del Ministerio Público. “A mí me parece muy bien, yo saludo la intervención del Ministerio Público para que se pueda actuar y separar al trabajador o servidor. Adicionalmente a ello, hacer la denuncia penal que corresponda”, aseveró.

Asimismo, adelantó que esperarán las conclusiones de la investigación preliminar para tomar medidas. Preliminarmente, se plantearía la reestructuración en la Gerencia de Administración Tributaria.

Por su parte Harold Nina Berrios, gerente de Administración Tributaria, confirmó la versión del Ministerio Público. Recalcó que facilitaron toda la información solicitado por el fiscal. Finalmente indicó que dos empleados estarían bajo sospecha.

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