“El Ladrillo Sindical del Sur”, así es como Fiscalía y Policía Nacional bautizaron a la hipotética organización criminal que extorsionaba constructoras y cobraba cupos. Un nombre demasiado aparatoso, que apuntaba al corazón del movimiento sindicalista en la ciudad: la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y su gremio más fuerte, el de Construcción Civil.
Sin embargo, durante el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva, la imputación fiscal se fue resquebrajando, día a día. Elementos de convicción poco contundentes y una fundamentación menos potente que el nombre de la “banda”, acabaron por hacer polvo el ladrillo. Así, después de quince días de encierro, los once dirigentes sindicales quedaron libres y sin ninguna medida coercitiva.
El revés más sonado del Ministerio Público en los últimos años dio que hablar. No solo por la performance fiscal, sino por el momento en que se produjeron las detenciones y la postura de los detenidos respecto al conflicto Tía María. Una serie de eventos desafortunados que acabó con los dirigentes empoderados ante sus bases, de cara a los reclamos sociales de nunca acabar en Arequipa y el sur del país.
La detención
La mañana del 14 de noviembre, la detención de once representantes de organizaciones sindicales arequipeñas marcó el devenir noticioso de la ciudad. Aunque en la noche de la víspera ya se corría la voz de un operativo policial coordinado desde Lima, se desconocían los detalles de los intervenidos y las razones que lo respaldaban.
Todo empezó a las 3 de la madrugada. Un gigantesco operativo con 22 fiscales y 292 policías irrumpió en 22 inmuebles, incluidos los domicilios de los sindicalistas. Entre los intervenidos destacaban José Luis Chapa Díaz y Andrés Saya Alarcón, secretarios generales de la FDTA y Construcción Civil, respectivamente.
Altos mandos del Ministerio Público y la Policía, llegaron desde Lima a tomar la batuta de la intervención. El fiscal Jorge Chávez Cotrina y el general Juan Sotil Toledo se desplazaron entre los inmuebles bajo sospecha. Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) también fueron objeto de intervención.
Los primeros trascendidos apuntaban a una presunta organización criminal que extorsionaba a empresas de construcción y cobraba cupos a los trabajadores. Todo, con la colaboración de funcionarios del Gobierno Regional y la Sunafil. Para corroborar las acusaciones, se recabaron todo tipo de pruebas de las casas de los dirigentes: laptops, celulares, usb’s, hojas de papel y hasta dinero.
Se trataba de imputaciones graves y que los detenidos negaban en cuanto podían. El sindicato de Construcción Civil fue el más golpeado. Casi toda la directiva se encontraba tras las rejas. Su reacción fue entrar en huelga por algunos días, exigiendo la liberación de sus dirigentes. Mientras tanto, otros actores involucrados criticaron el operativo. Héctor Herrera, asesor legal en lo penal de los constructores, denunció vicios en las intervenciones. Sostuvo que se prohibió a los intervenidos escogerlo a él como abogado, por orden de la fiscal responsable del caso, Rosmery Mendoza Palomino. No obstante, el megaoperativo empezó a desinflarse al acercarse el vencimiento del plazo máximo para la detención preliminar.
¿Ladrillo de humo?
El Ministerio Público no inició con buen pie la audiencia de 36 meses de prisión preventiva para los sindicalistas el pasado 22 de noviembre. Su inicio tuvo que ser diferido por el juez José Luis Vilca Ponce, ante las protestas de los abogados defensores. Los anexos con los medios probatorios del requerimiento fiscal no se pusieron a disposición de las defensas. Los más de 3 mil folios que la Fiscalía consignó estaban digitalizándose al momento de la diligencia. Por esa razón, el juez difirió la audiencia para el domingo 24.
Subsanado el inconveniente, Mendoza procedió a exponer su caso. El modus operandi descrito por la Fiscalía indicaba que los dirigentes, mediante paralizaciones, amenazas y hasta violencia física y verbal; extorsionaban a constructoras para que paguen cupos a la organización criminal, bajo la fachada de cuota sindical. Para garantizar su éxito, los forzaban a contratar a obreros sindicalizados bajo excusa de la bolsa de trabajo y así hacerse con los comités de obra y seguridad, con el fin de presionar a los empresarios. Con esto en mente, recurrían a operadores en la Gerencia Regional de Trabajo y la Sunafil, a fin de que se firmen actas de acuerdo favorables a los detenidos.
La oralización del caso fue tediosa y no solo incómoda para los abogados. En los tres días que el Ministerio Público se tomó para exponer sus pruebas, fueron recurrentes las observaciones del juez a la fiscal. Ninguna de las transcripciones de conversaciones y videovigilancia mostraban la exigencia explícita de dinero a cambio de tregua en las protestas o coordinaciones para ello. Documentos como actas de acuerdo, registro de sindicalizados, agendas con los nombres de obras, vouchers de bancarización de la cuota sindical y hasta chats de WhatsApp, tampoco apuntaban a una conducta típica de los delitos imputados. Solo revelaban el actuar regular de dirigentes sindicales. Lo único que incriminaba a los once eran las declaraciones de empresarios y personal de las obras; que describían protestas, amenazas y hasta agresiones en contra suya; pero de extorsiones nada. Las acusaciones tampoco estaban respaldadas de medios que permitan su corroboración. Solo eran señalamientos personales sin elementos de constatación. Así, a la acusación contra los dirigentes no le faltaba mucho; le faltaba todo.
Las defensas técnicas no requirieron demasiado esfuerzo para refutar las imputaciones de extorsión. El presunto cobro de cupos era en realidad el cobro de la cuota sindical de Construcción Civil, bancarizada, y prevista en el reglamento interno del sindicato. En tanto los pedidos para contratar obreros tienen antecedentes en el marco normativo nacional y una ordenanza regional vigente (la bolsa de trabajo) que los respalda. De este modo, sin comprobarse antijuridicidad en ambos reclamos, se descarta cualquier accionar ilegal.
La noche del jueves 29, antes que el juez leyera su resolución, los detenidos y sus familias se mostraban tranquilos. El desenlace era inminente. Todos libres sin ninguna medida coercitiva o apercibimiento. La disposición fue celebrada por las bases de Construcción Civil, que festejaron la liberación en la plaza España, con Andrés Saya cargado en hombros.
Construcción Civil y FDTA, capitalizando
Este año, tanto la FDTA como Construcción Civil se plegaron a colectivos en defensa del Valle de Tambo. La mayoría de las manifestaciones en la ciudad en contra del proyecto minero tuvieron como protagonistas a ambos gremios. Para José Luis Chapa, esta postura fue la que desencadenó “la persecución” en contra de los sindicalistas y la criminalización de las protestas.
“¿Cómo está la Confiep ahora? ¿Quiénes son los que quieren que salga Tía María? La Southern. ¿Quién maneja el país? Martín Vizcarra. A ellos es a los que conviene tener a los dirigentes presos”, afirmó al día siguiente de ser excarcelado. Asimismo, se dijo fortalecido, al igual que Construcción Civil.
Pese a la conspiranoia de Chapa, lo cierto es que no se trata del primer megaoperativo, en coordinación con Lima, que acaba desinflado. “Los desalmados del tráfico humano”, otro caso de nombre insufrible en que se pedían 36 meses de prisión preventiva, tiene a todos sus investigados en libertad. Al igual que en los ladrillos, obligó un desplazamiento masivo de fiscales y policías para una denuncia estentórea que se fue apagando. ¿Era necesario tanto show o de verdad existen intereses tras todo el humo?
Tras la debacle, el brío inicial de la Fiscalía casi desapareció. El martes 03 de noviembre, debió realizarse la audiencia de prisión preventiva para cinco personas investigadas por el Ministerio Público, entre ellos el abogado Héctor Herrera y el gerente de Trabajo, José Luis Carpio. Sin embargo, la fiscal desistió de su pedido el día de la diligencia.
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